Prioridades de la Cooperación Española

El 76 % de los encuestados considera que los recursos públicos dedicados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) son insuficientes. Sin embargo, y aunque también es mayoritaria la opinión de que los recursos para luchar contra la pobreza no deben verse afectados por la crisis, hay un número importante de profesionales que considera que éstos se deben mantener en el entorno del 0.4 % del PIB –lo que supone un ligero aumento respecto al último año- o crecer de forma moderada hasta el 0.5%. Solo un tercio de los encuestados apuestan por un aumento significativo de los fondos para alcanzar el 0.7%.

En esta línea, y al ser preguntados ya no por los recursos de forma aislada sino por los dos principales retos de la Cooperación Española para los próximos años, la respuesta más apuntada (38%), es la “consolidación del volumen de recursos y el énfasis en calidad y coherencia”. Las siguientes respuestas, en el entorno de un 30% van en direcciones similares al primar la “racionalización del sistema incluyendo una mayor priorización” y los “sistemas de información, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la ayuda”. El incremento de los recursos no se considera un reto tan prioritario, aunque en este caso las personas de ONGD apuestan en mayor medida por ello (un 25%) frente a las de la Administración General del Estado (AGE), de las cuales solo el 2% lo consideran una prioridad.

Cabe inferir de lo anterior que aunque los y las profesionales del sector apuestan por incrementar ligeramente los recursos o al menos mantenerlos en los porcentajes actuales, a la hora de abordar prioridades priman la calidad y la consolidación del sistema de cooperación, su racionalidad e institucionalidad, antes que el incremento de los recursos.

Objetivos de la Cooperación

Existe una gran unanimidad al asumir una visión desinteresada de la Cooperación cuyos objetivos deben perseguir y centrarse en la reducción de la pobreza y la desigualdad en sus múltiples manifestaciones y cuya asignación geográfica debe guiarse por los mismos parámetros y por lo tanto mantener la distribución actual o, en todo caso, incrementar la atención a África Subsahariana y el Sudeste asiático. La importancia dada a la sensibilización ciudadana se refleja en el hecho de que dos tercios de los encuestados apuestan por incrementar la Educación para el Desarrollo.

Más del 90% de las personas encuestadas consideran que la Cooperación debe ser una política de Estado, basada en el consenso y que no sufra vaivenes significativos ante los cambios de gobierno. La labor del Parlamento en el campo de la Cooperación no es muy apreciada por los profesionales encuestados que la consideran mayoritariamente como poco relevante a partir de una escasa implicación del mismo.

Organización y gestión

La mayor parte de las personas encuestadas consideran que la dirección  y gestión de toda la política española de cooperación al desarrollo (incluyendo por lo tanto la ayuda bilateral, multilateral, reembolsable y no reembolsable) debería concentrarse en un único ministerio responsable. Un 26% ubica esta responsabilidad en el actual Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mientras que un significativo 58% considera que debe crearse un Ministerio de Cooperación Internacional especializado e independiente del MAEC.

De forma coherente con esta afirmación, las respuestas apuntan a que los recursos humanos de las entidades responsables de la Cooperación Española sean una combinación de profesionales con experiencia en cooperación y de funcionarios, planteando para ello la creación de un nuevo cuerpo en la Administración especializado en este terreno. En cualquier caso, hay unanimidad al afirmar que los recursos humanos responsables de la dirección y gestión de la política de cooperación, ya sea personal contratado o funcionario, deben estar especializados en el ámbito de la ayuda.

Al abordar aspectos relativos a la canalización de la AOD resulta significativo el porcentaje de encuestados, un 42%, que apunta a incrementar la cooperación bilateral frente a un 24% que considera adecuada la proporción actual de ésta en rela-ción con la multilateral, un hecho que cabe atribuir al notable incremento de la multilateral en años recientes. En esta línea, los y las profesionales consideran que la cooperación multilateral debe apoyar acuerdos y reglas globales y regionales, fortalecer gobier-nos nacionales e impulsar una mayor racionalidad del sistema internacional de cooperación en su conjunto.

Los actores de la cooperación

En relación con el peso de los diversos los actores en la Cooperación y a pesar de que se apunta a un crecimiento de la mayoría, éste se enfatiza en los casos de la Universidad y en menor medida de los medios de comunicación, al Comisión Europea y el MAEC. Para las ONGD se apunta un peso estable mientras que éste debería reducirse, en opinión de los encuestados, en el caso del Ministerio de Economía y Hacienda, los Organismos Internacionales Financieros y los sindicatos.

Las personas encuestadas consideran que el peso de la Cooperación Descentralizada debe mantenerse, especialmente en el caso de las Comunidades Autónomas. Una amplia mayoría del 76% opina que esta Cooperación debe armonizar sus prioridades con las de la Administración General del Estado (AGE) sin que esto implique subordinación. Su papel debe estar centrado en la financiación de ONGD y en la realización de proyectos junto con administraciones homólogas de los países en desarrollo.

Al abordar el papel de las ONGD y las actividades en la que se considera que éstas tienen un mayor valor añadido, más de la mitad de los encuestados sitúan éste en las campañas de movilización social e incidencia política, por encima de las actividades que consumen la mayor parte de los recursos de estas organizaciones: los proyectos de desarrollo y la intervención en crisis humanitarias. De manera coherente con esta afirmación, un 80% de las personas encuestadas considera que las ONGD deben incrementar esta actividad de campañas e incidencia política y un 70% las de sensibilización.

Preguntadas por el papel de la Universidad las personas encuestadas se refieren de forma muy mayoritaria al crecimiento de lo que se podría considerar como sus funciones nucleares y de mayor valor añadido: los programas de educación superior, ciencia y tecnología, la investigación y la formación sobre desarrollo.

Los recursos humanos en la Cooperación para el Desarrollo

Los profesionales mejor valorados por su capacidad son los de los Centros de Investigación, seguidos de los pertenecientes a ONGD, a Universidades y SECI-AECID. Las personas que trabajan en la Cooperación se sienten aceptablemente retribuidas y reconocidas socialmente. Sin embargo, la formación continua es limitada y sobre todo, la seguridad y estabilidad laboral son bajas. Se percibe por lo tanto a la profesión como precaria y se echa en falta una carrera profesional estructurada que incluya desde la selección de personal a la movilidad entre puestos y ámbitos (sede/terreno/academia/administración…).

Los y las profesionales del sector apuestan mayoritariamente (un 75% en el caso de las ONGD) por contar con personas locales de los países en desarrollo para la ejecución de los proyectos, limitando la participación de técnicos españoles a los aspectos imprescindibles.

Eficacia de la ayuda

Los aspectos mejor valorados a la hora de promover la eficacia y la calidad de la Cooperación Española son el impulso a la coherencia de políticas, el incremento de la coordinación entre actores, la reducción de la fragmentación y el fortalecimiento de los sistemas de información, seguimiento y evaluación. Por otro lado, resulta significativo que uno de los factores menos decisivos para mejorar la eficacia es el incremento de los recursos de la ayuda.

La respuesta a la pregunta sobre la eficacia de los diferentes actores que intervienen en la cooperación arroja en general una valoración media. Sólo cinco de los 12 actores sobre los que se pregunta aprueban en la valoración, destacando las ONGD, el MAEC y la omisión Europea. Con las valoraciones más bajas se encuentran sindicatos, ayuntamientos y diputaciones y el Ministerio de Economía y Hacienda. […]

Estudio completo

Fuente: ACADE

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